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Sobre RSDCIAC

2013

 

Asumimos el Caso del Activista Social Ejecutado Extrajudicialmente de Iguala, Guerrero,  Arturo Hernández Cardona y solicitamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conjuntamente con CEJIL la Petición de Medidas Cautelares 185-13, en favor de la familia del activista ejecutado. (son desaparecidos 8 activistas sociales de la organización Unidad Popular (UP), logran escapar 5 y ejecutan a 3)

 

 

 

Realizamos una Misión de Observación a Iguala, la encabeza nuestro Presidente, Monseñor José Raúl Vera López.

 

 

 

Presentamos el Documental; El Charco; La República del Silencio

 

 

 

Damos a conocer ante los medios el testimonio Notariado de unos de los activistas sociales que lograron escapar y fue testigo presencial de la ejecución del activista social Arturo Hernández Cardona.

 

 

 

Participamos en la 43 Asamblea de la OEA en Guatemala

 

2012

 

Presentamos el Informe Sobre la Masacre de El Charco, en el Centro

de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con la participación del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

 

El Presidente de la Organización, Obispo José Raúl Vera López, sube a reunirse con comunidades na´saavis  y sobrevivientes de la Masacre de El Charco.

 

Presentamos el Informe Sobre la Masacre de El Charco, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con la participación del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

 

Nuestro Presidente, Obispo José Raúl Vera López,  y el equipo de la RSDCIAC, sube a reunirse con comunidades na´saavis  y sobrevivientes de la Masacre de El Charco.

 

Ingresamos a la CIDH, la Petición: 1316-12; Pacientes víctimas de cirugía experimental derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo

 

 

Presentamos la Petición 1315-12,  de Admisión de Caso de la Masacre de El Charco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Sostuvimos Reuniones también reuniones con integrantes del Departamento de Estado de EEUU, en Washington, sobre el Tema de la Masacre de El Charco.

 

También mantuvimos reuniones con Congresistas, esto con el apoyo de las organizaciones; LAWG y WOLA, por los temas; La Masacre de El Charco y Migrantes en tránsito.

 

Sostuvimos una reunión con el Secretario de la Sociedad Civil de la OEA, Jorge Sanín.

 

Tuvimos la Audiencia Temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; “La Militarización y los derechos Humanos en México”

 

Nos reunimos con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU Christof Heyns

 

2011

 

En el marco del Cuarto Encuentro Nacional de Defensoras/es de Derechos Humanos y Periodistas, realizamos el Taller del Sistema Interamericano impartido por la Directora del Programa de Centroamérica y México del Centro de Justicia y el Derecho Internacional “CEJIL”.

 

Realizamos con el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el Cuarto Encuentro Nacional de Defensoras/es de Derechos Humanos y Periodistas con la participación del Periodista Javier Solórzano

 

Junto con  el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Organización de Pueblos Indígenas Me´phaas, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, impulsamos la Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos y su Juicio a México.

 

2010

 

En coordinación con el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, impartimos el Taller “Los Derechos Humanos en Astacinga” dirigido a indígenas nahuas que habitan en la Zongolica, Veracruz.

 

Con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. y  el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, realizamos el Tercer Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos ,inauguraron el Encuentro; los Obispos; Samuel Ruíz García y José Raúl Vera López.

 

Realizamos la Misión de Observación a Ayutla de los Libres, para acompañar la defensa de derechos humanos de la Organización Indígena Me´phaa (OPIM)

 

Participamos en la XL Asamblea de la OEA, que se llevara a cabo en junio de 2010 en Lima, Perú.

 

Realizamos el documento Amicus Curiae, que fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia  en apoyo del Caso del Sindicato Mexicano de Electricistas.

 

Con  CEJIL, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad  Iberoamericana de la Ciudad de México, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, y la Universidad Autónoma Metropolitana, llevamos a cabo el “Taller de Defensores de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano”, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México

 

2009

 

Asistimos como Invitados Especiales en la XXXIX Asamblea General de la OEA.

 

En colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. y  el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, realizamos el Segundo Encuentro Nacional de Defensoras/es de Derechos Humanos.

 

Pasamos a ser parte de la sociedad civil de la OEA al obtener el Estatus Consultivo.

 

2008

 

Realizamos conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y Observatorio Eclesial, el Encuentro Nacional de Familiares de Presos Políticos y Organizaciones de Derechos Humanos “Los Instrumentos Internacionales una Herramienta Necesaria en Nuestra Manos”, contando con la participación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional “CEJIL”.

 

Con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional “CEJIL”, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., realizamos el Taller Práctico “Sistema Interamericano para la protección de los Derechos Humanos: herramientas para la defensa” 

 

2007

 

Monseñor Samuel Ruiz García Obispo Emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, presenta el informe elaborado por esta organización “La Situación de los Presos Políticos en México”.

 

Ingresamos la CIDH, la Petición 211-07; Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxte Tecpile y Gustavo Robles López

 

Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura emiten una Acción Urgente en favor de quienes integramos la Red por amenazas

 

2006

 

Asumimos la defensa integral de los indígenas nahuas; Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y  Gustavo Robles López, acusados de “Delincuencia Organizada en la Modalidad de Cometer Actos de Terrorismo”. En el año 2007 el Equipo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emite la Opinión 20/2007.  Los indígenas nahuas salen absueltos. El equipo de RSDCIAC, recibió amenazas, por lo que Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura realizaron Acciones Urgentes en nuestro favor

 

Mediante una mesa de negociación logramos que la CNDH solicitara al Gobierno del Estado de México, las listas de los nombres de las personas detenidas por los sucesos conocidos del día 3 y 4 de mayo en el  Poblado de Atenco.

Con Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, encabezamos la Caravana de Observación a la Población de Atenco el día 4 de mayo del 2006.

 

2005

 

Realizamos el “Primer Encuentro Nacional de Defensores de Derechos Humanos”, con la participación de 50 organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales, y la  participación de los Obispos Monseñor José Raúl Vera López Obispo de la Diócesis de Saltillo y Monseñor Samuel Ruiz García  Obispo Emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas






 

 

 



Conferencia; La Masacre de El Charco

LA MASACRE DE “EL CHARCO”

 

La masacre perpetrada en la Escuela Primaria “Caritino Maldonado Pérez”, de la Comunidad de El Charco en el estado de Guerrero, el 7 de junio de 1998, puede considerarse como un Crimen de Lesa Humanidad y Genocidio: un acto doloroso de política de exterminio a las comunidades indígenas en extrema pobreza de nuestro país.

 

El Estado mexicano justificó esta masacre bajo el argumento que efectivos del Ejército Mexicano realizaban un reconocimiento nocturno regular, al mando del Coronel de Infantería del Estado Mayor Jorge Alberto Guerra Tenorio, pero se encontraron con un grupo de guerrilleros y se desató un enfrentamiento. Es importante mencionar que el estado de Guerrero se ha caracterizado por la

presencia de grupos armados revolucionarios desde la década de los años 70 y éstos han sido regularmente confrontados (La Guerra Sucia); y la distinción que hace el escritor Carlos Montemayor entre los términos guerrillero y terrorista: “el guerrillero es aquel que se desplaza a lo largo de pueblos, y que éstos lo apoyan con alimentos, información, pertrechos o solamente con el silencio, porque los pueblos asumen esa lucha como suya; los terroristas en cambio son peligrosos, actúan fuera de la ley, quieren acabar con ésta e imponer la suya, razonan con violencia y con violencia quieren acabar con un gobierno y para ellos no hay leyes, ni propiedades, ni autoridades públicas, ni paz social”.

 

El Charco es una comunidad en extrema pobreza, sus habitantes son indígenas nu’saavi, una gran parte de esta población sólo habla el mixteco, y en el año de 1998 una gran parte de las comunidades integraban la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT). El defensor de derechos humanos Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de esta masacre, en un testimonio relata:

 

El día 6 de junio se reunieron representantes de las comunidades nu’saavis, para en asamblea tratar los temas de proyectos relacionado con la producción (la siembra de aguacate y café) y la autonomía de la zona mixteca, así como el tema de la alfabetización; entre los planteamientos de este día destacaba la propuesta de separación de la región mixteca autonómicamente y de facto del Municipio de Ayutla, para formar un Municipio Autónomo Mixteco, porque los recursos son

manejados por la gente mestiza y no llegan a la montaña. Durante el día una columna de un grupo armado rebelde llegó y solicitó a la Asamblea permiso para estar presente, los presentes aceptaron; en las comunidades indígenas reprimidas y hostigadas de la montaña en esos tiempos era natural que aceptaran la convivencia con grupos rebeldes y al finalizar la Asamblea, el grupo manifestó su solidaridad con las propuestas de las comunidades mixtecas y se comprometió a apoyar los acuerdos de Asamblea, y también manifestaron que había una ruptura con el EPR y

que se había formado un nuevo grupo rebelde el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

 

Esa noche durante el ataque del ejército federal contra los indígenas (hombres, mujeres, niñas y niños), familias completas tuvieron que abandonar su casa, sus animales y refugiarse en la montaña después de escuchar por el megáfono las amenazas de un militar “(…) de acabar con El Charco y El Ocote”. La Primaria “Caritino Maldonado Pérez” estuvo rodeada por militares que violaron los derechos a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad

personal,11 a la no discriminación,12 a la libertad personal,13 dejando a las víctimas en total estado de indefensión.

 

Efrén Cortés Chávez manifiesta que:

(…) comienzan los fuegos cruzados, ya que al parecer el ejército se confronta con columnas o columna del ERPI, por el lado de Coxcatlán y Tepuente, esto como entre un kilómetro o 500 metros, el ejército lanza granadas contra la columna y contra la Escuela también. Algunos miembros del ERPI que se habían quedado en uno de los salones logran escapar, y entre las 7 y 8 de la mañana los civiles que quedábamos dentro de un salón gritamos que ‘(…) vamos a salir, nos rendimos, no tenemos armas’, y salimos.

 

La Reportera Maribel Gutiérrez escribe:

(…) los habitantes de El Charco y de Ocote Amarillo, la comunidad más cercana, recuerdan la voz de un jefe militar, presuntamente el comandante de la 27 zona, General Alfredo Oropeza Garnica, que la madrugada del 7 de junio durante la masacre gritaba por medio de un megáfono ¡Salgan porque se los va a llevar la chingada. Entreguen las armas, están rodeados, no tienen escapatoria. Salgan perros!

 

Esta masacre fue perpetrada por el General de División Diplomado del Estado Mayor y Comandante de la IX Región Militar Luis Humberto López Portillo Leal, y el Comandante de la 27ª Zona Militar Juan Alfredo Oropeza Garnica; siendo Procurador de Justicia Militar el General Brigadier Licenciado en Justicia Militar Rafael Marcial Macedo de la Concha; durante la administración del General de División Diplomado del Estado Mayor Enrique Cervantes Aguirre, Secretario de la Defensa Nacional.

 

Diez indígenas nu’saavis y un estudiante de la UNAM masacrados, 22 detenidos en forma arbitraria, trasladados a la Novena Región Militar de Cumbres de Llano Largo en Acapulco, donde fueron torturados. Ello, a pesar que el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que: “Toda persona que en el ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que tenga que perseguirse de oficio, está obligada a participarlo

inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviere, poniéndolo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos”. Y violando así también el Ejército Mexicano los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

 

Ericka Zamora Pardo en su Declaración Preparatoria manifiesta que “fue objeto de violencia física y moral al rendir su declaración ante el Ministerio Militar y el Ministerio Federal. En vía de ampliación de declaración celebrada el 6 de agosto de 1998, el elemento militar Francisco Hernández Correa, contestó a la tercera pregunta: “(…) no estaban armados ni encapuchados los lesionados (…)”. En vía de ampliación de declaración celebrada el 7 de agosto de 1998, el elemento militar Salvador Ruiz Velazco, a preguntas del defensor particular de los suscritos, a la

sexta respondió que no supo si había gente armada al momento de rodear la escuela, a la décimo cuarta respondió que no supo si alguna de estas personas civiles portara alguna arma. En vía de ampliación de declaración celebrada el 7 de agosto de 1998, el elemento militar Camilo García Rodríguez respondió a las preguntas formuladas por el Fiscal Federal adscrito, y a la séptima respondió que no llevaban armas, que las personas que vio trataban de huir y no pudieron.

 

El objetivo de este Informe es que se conozca la verdad histórica sobre las detenciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas ese 7 de junio de 1998, y se ponga fin a la impunidad con que se viene manejando el Ejército Mexicano. El Estado mexicano está obligado a investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en particular en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, así como a reparar el daño producido. En lo particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

se ha manifestado en relación a casos de ejecuciones extrajudiciales:

 

(…) es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos sus responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así, se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que este tipo de hechos vuelva a repetirse, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

 

La Corte entiende como impunidad “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares, amén de que los Estados tienen el deber de iniciar ex oficio, sin dilación y con debida diligencia, una investigación seria, imparcial y efectiva, tendiente a establecer plenamente las responsabilidades por las violaciones”.

Adicionalmente, debe mencionarse la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 37 establece:

Los Estados Partes velarán por qué:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

 

Violando así la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, en lugar de ser traslados a un Ministerio Público Federal para la investigación de los probables delitos, los detenidos fueron trasladados a instalaciones militares, primero al Batallón 58 y de ahí a la Novena Región Militar en Cumbres de Llano Largo, donde fueron obligados a declarar ante Ministerio Público Militar, y sin traductor, siendo que la mayoría sólo hablaba el mixteco; además, el Defensor de Oficio fue un defensor militar.

 

Las organizaciones internacionales de derechos humanos

 

La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) en su informe 200127 relata sobre la Masacre de El Charco:

 

(…) Se trata de un tiroteo ocurrido en junio de 1998 en el que soldados mataron a once personas e hirieron a otras cinco en circunstancias que todavía tienen que ser aclaradas, pero que pueden constituir graves violaciones de los derechos humanos.

A pesar de las pruebas verosímiles que demuestran que el ejército sometió a los sobrevivientes del tiroteo a la detención arbitraria y a torturas, la PGJM [Procuraduría General de Justicia Militar], concluyó que no tuvo lugar ninguna actuación incorrecta. El mal manejo de las pruebas y de los testigos por parte del ejército impidió que las autoridades civiles determinaran de forma independiente lo que realmente ocurrió. … El día del tiroteo, el personal militar se encargó de

documentar lo que había ocurrido en el lugar de los hechos. Recogieron evidencias materiales y tomaron declaraciones a los testigos. Las pruebas fueron utilizadas para condenar a algunos de los detenidos por delitos penales en los tribunales civiles.

 

Además, evalúa HRW:

 

(…) Lo que nos queda, pues, es un testimonio verosímil de que el ejército cometió graves abusos en El Charco. Si los soldados mataron intencionadamente a ciudadanos desarmados, o guerrilleros armados que se habían rendido, dichas muertes pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. Incluso si los soldados respondieron a los disparos de los guerrilleros, tal y como alegó la PGJM, el elevado número de víctimas mortales, y el hecho de que, según testigos oculares, muchos de

los muertos o heridos eran civiles desarmados, sugiere que el ejército pudo haber respondido con excesivo uso de la fuerza letal… Human Rights Watch ha recibido testimonios verosímiles de que, después del tiroteo, el ejército sometió a tortura a los civiles durante su detención arbitraria. Y esta detención arbitraria –en sí misma es

una grave violación– propició las circunstancias en las que se pudieron producir dichas torturas. El hecho de que varios de los detenidos prestaran declaraciones autoincriminatorias poco después, que más tarde rectificarían, indica claramente que sufrieron algún tipo de coacción durante su detención.

 

Por su parte, la entonces Relatora Especial de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas, Asma Jahangir, explica en el párrafo 59:

 

El 7 de junio de 1988, Integrantes del ejército mexicano dieron muerte a once personas e hirieron a otras cinco en un incidente ocurrido en la escuela Caritino Maldonado Pérez, en la localidad de El Charco, Estado de Guerrero. Y la Procuraduría General de la República y otros representantes del gobierno informaron exhaustivamente a la Relatora Especial sobre la operación de El Charco.

Según la información proporcionada por la primera entre la 1.00 y las 2.00 horas, una Unidad del ejército, de patrulla ordinaria por la zona, observó en la escuela a un grupo de personas armadas presuntamente pertenecientes al EPR. La unidad del ejército rodeo la escuela y dijo a los que estaban en el interior que se entregaran. Un grupo de ellos salió del edificio corriendo y disparando, al parecer tratando de escapar. El ejército respondió al fuego y dio muerte a 9 personas. En el tiroteo que siguió, dos personas resultaron muertas y una herida dentro del edificio. Los 27 componentes del grupo restante se entregaron al ejército, para ser luego trasladados a custodia policial. A las 6.00 horas la operación había concluido, y en el lugar de los

hechos las autoridades recogieron 14 rifles automáticos, una pistola y 39 cargadores de munición.

 

En el párrafo 60, suscribe que:

 

La Comisión [CNDH)] también hizo ver a la Relatora Especial una cinta del video, al parecer filmada 24 horas después de los hechos, en la que aparecía uno de los principales sospechosos, la estudiante Ericka Zamora Pardo, cuando la entrevistaba un investigador de la CNDH. La entrevistada reconoció que había habido armas en el edificio en el momento en que el ejército llevó a cabo la operación, pero dijo también que el ejército la había torturado con descargas eléctricas mientras la interrogaba. Se apreciaban claramente las lesiones que tenía en los pies, pero, según la Comisión, los médicos que la examinaron dijeron que no había señales físicas que apoyaran su denuncia de tortura.

 

Además, asienta en el párrafo 64 que:

 

(…) desea poner de relieve que, de haber habido realmente un intercambio de fuego, tampoco se justifican las violaciones de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones sumarias, presuntamente cometidas por los militares. Tampoco es muy pertinente determinar si hubo resistencia armada desde el interior de la escuela, ya que al parecer los abusos se produjeron tras la rendición del grupo. La Relatora Especial tiene el convencimiento de que hay muy buenas razones para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas armadas en este incidente.

 

 
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